Rafael Michel
I
A pesar de que el asesinato de mujeres, debido a su situación de
inherente vulnerabilidad frente a los hombres ha existido siempre y en todas
las culturas, no fue sino hasta fines del siglo XX cuando se empezó a tomar
conciencia de este problema social que afecta a mujeres de todo el mundo sin
importar raza, edad, nivel socioeconómico o cultural.
Diana Russell usó por primera vez el término en inglés, femicide, en
1976, ante el Tribunal Internacional de Los Crímenes contra las Mujeres, en
Bruselas. Como concepto, según ONU Mujeres (2011:18-20)1, ‘femicide' fue
desarrollado por Jill Radford y Diana Russell para distinguir 'homicidio' y
‘asesinato' de la ‘muerte violenta de una mujer a manos de un hombre, por el
hecho de ser mujer'.
En español, femicide tiene dos equivalentes: feminicidio y femicidio,
que algunas veces se usan como sinónimos y otras tienen matices semánticos
diferentes. Marcela Lagarde, socióloga mexicana, sugirió el término feminicidio
argumentando que femicidio significa únicamente el asesinato de mujeres y
homologa este término con homicidio, mientras que feminicidio implica una serie
de hechos de lesa humanidad que incluyen crímenes, secuestros, desapariciones
de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional bajo la suposición que
las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y desechables (ONU
Mujeres: 19).
En los datos de las Antenas de Neología se observa la preferencia de
feminicidio sobre femicidio. La diferencia de uso más importante es que en
México, Perú y España sólo se registró feminicidio; en Colombia básicamente se
usa feminicidio; en Argentina y Chile se privilegia femicidio.
II
En Baja California, 6.7 mujeres de cada 10 sufren violencia doméstica y
a un grado extremo. ‘‘Tan sólo en 2013 hubo 75 feminicidios, en 2014 registramos
90 y en lo que va del año ya tenemos 40 asesinatos de mujeres: 10 asesinadas en
Tijuana, 9 en Mexicali, 4 en Tecate. De Rosarito no hay datos. Tijuana ocupa el
segundo lugar en feminicidios, después de Acapulco.
Por lo demás, el país sigue careciendo de una política social, laboral,
educativa y de salud capaz de actuar como factor preventivo contra la
delincuencia; se mantiene intacta una política económica que provoca
desarticulación social, desempleo y marginación; prevalece la impunidad ante la
casi totalidad de los crímenes perpetrados en la administración pasada, y se ha
postergado el saneamiento de las corporaciones policiales de los tres niveles.
En el ámbito de los derechos humanos, se ha experimentado un
estancamiento en las acciones oficiales para garantizar su observancia e
incluso se ha asistido a ejercicios de la negación de la realidad respecto del
clima de vulnerabilidad generalizada en que se encuentran las garantías
individuales, como quedó de manifiesto con el diferendo reciente entre la
cancillería y la Organización de las Naciones Unidas respecto de la
persistencia de la tortura en el país.
III
En tales circunstancias, no es de extrañar que se presenten escenarios
de estallido de violencia como el que ocurrió en Reynosa.
El incumplimiento del Estado como garante de la seguridad pública y de
la observancia de la legalidad representa un desgaste político que conduce, a
corto o a largo plazo, a la ingobernabilidad, como ya se ha constatado en
diversas entidades. Frente a ello, el optimismo oficial constituye una postura
tan equivocada como riesgosa en la medida que merma la capacidad de las
autoridades para resolver uno de los problemas más ominosos de cuantos padece
la población. Es necesario que el gobierno federal muestre voluntad política
para reconocer la realidad y para afrontarla de manera inteligente y
responsable.
Ante el incremento de crímenes violentos contra mujeres, organizaciones
civiles de Baja California y Guanajuato exigieron al gobierno federal emitir
alerta por violencia de género en sus entidades y que tomen las medidas de
emergencia correspondientes.
Liliana Sevilla, de Libre Movimiento Ciudadano de Baja California,
señaló que esta es la quinta entidad que hace la petición, ya que existe
violación de derechos humanos de las mujeres por violencia feminicida o agravio
comparado.
En conferencia de prensa, aseguró que las cifras de crímenes contra mujeres
en el estado han aumentado de manera exagerada ‘‘ante un gobierno (estatal)
misógino, que cierra los ojos ante una realidad que los está avasallando, donde
las políticas públicas no están encaminadas al desarrollo profesional de las
mujeres y donde la violencia institucional es latente, patente y presente’.
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