Los dos disparos que recibió en la cabeza el inmigrante guatemalteco Manuel Jamínez, en las inmediaciones del vecindario de Westlake, de parte de un agente del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y que provocaron al menos tres días de protestas ciudadanas en las inmediaciones del Parque MacArthur en el 2010, fue realizada dentro de la reglas establecidas por el cuerpo policial. Esto significa que el agente responsable de dispararle al guatemalteco, no recibirá medida disciplinaria ni amonestación alguna por lo ocurrido.
Esa fue la conclusión a la que llegó ayer el panel civil que vigila las acciones del LAPD el jefe policial, Charlie Beck, y la Oficina del Inspector al detallar los resultados de la investigación.
Tras el anuncio se generaron varias reacciones, así como protestas ciudadanas en las inmediaciones del Parque MacArthur sin mayores incidentes al cierre de edición, pese a la alta presencia policíaca, según informó Carlos Aviles, en el diario la Opinión de los Angeles, uno de los medios hispanos más influyentes en California.
Además informa que un pequeño grupo de manifestantes se apostaron sobre las esquinas de la Avenida Unión y la Calle Seis con pancartas y altavoces, pidiendo "justicia" para el inmigrante guatemalteco e iniciaron una pequeña marcha en la zona.
Y es que tras casi seis meses de investigación sobre el controversial tiroteo, la comisión concluyó que no se haría ninguna medida disciplinaria, entrenamiento o amonestación al agente Frank Hernández, responsable de disparar a Jamínez, ni se cambiaría la política actual de uso de fuerza. "Nuestra revisión en este caso ha sido exhaustiva, concluyente y no deja ninguna piedra sin haber sido movida", expresó el presidente de la comisión, John Mack. "Este ha sido un caso particularmente difícil y un incidente muy triste para todos los involucrados", agregó.
La postura de la comisión de policía coincide con la recomendación del jefe Beck y con la de la Procuraduría del condado de Los Ángeles, quienes informaron ayer que desde la semana pasada habían decidido no presentar cargos criminales contra Hernández por haber actuado "legalmente" y en "defensa propia".
Los trágicos acontecimientos en torno a este caso se remontan al 5 de septiembre del 2010, cuando Beck tuvo uno de sus mayores retos al enfrentar un escrutinio público por la muerte de Jamínez, ya que varias personas habían dicho que este no se encontraba armado.
Durante el incidente y según el recuento policial, los agentes pidieron en repetidas ocasiones a Jamínez que soltara un cuchillo que llevaba en la mano, tanto en español como en inglés.
Tras negarse a las peticiones, y presuntamente lanzarse contra los agentes, estos le dispararon dos veces, impactando ambos tiros en la cabeza. El tiroteo causó un gran revuelo en Los Ángeles provocando por lo menos tres manifestaciones de protesta y algunos disturbios en las calles que dejaron a más de 20 personas arrestadas."Si están o no de acuerdo solo les pido que sigan la ley", expresó ayer Beck, luego del anuncio y en clara alusión a los posibles disturbios. "Sean pacíficos y no retrocedamos lo que hemos avanzado", agregó.
El jefe policial aseguró que las pesquisas muestran residuos de ADN pertenecientes a Jamínez en el cuchillo que se recuperó en la escena y que al menos cinco testigos aseguraron en declaraciones escritas, que este se encontraba armado y blandiendo el arma.
Tanto la comisión como la policía, dijeron que no habían encontrado razones para cambiar la política de uso de fuerza letal, que en este caso fue permitida porque un agente reaccionó ante una amenaza de muerte. "Este guión ya estaba escrito desde el principio, es decepcionante", fue la reacción del abogado Luis Carrillo, quien actualmente demanda civilmente a la ciudad por la muerte injustificada de Jamínez y quien dijo que existen testigos que desmienten la versión policíaca."Se les debe recordar a los agentes que los inmigrantes en Los Ángeles son seres humanos y que se debe explorar toda acción razonable antes de disparar a matar", agregó Angélica Salas, de la Coalición de Derechos de los Inmigrantes.
Sin embargo, las reacciones en favor de la decisión también resonaron. "Si no quieres que te dispare un agente de policía, no trates de apuñalarlo con un cuchillo", expresó Paul Weber, director la de Liga Protectora de Policías, quien "alabó" la decisión del panel civil en una declaración enviada a este rotativo.
Se espera que la Coalición de Inmigración del Sur de California realice una protesta frente a la procuraduría del condado, exigiendo que se presenten cargos criminales contra el agente policíaco.
Esa fue la conclusión a la que llegó ayer el panel civil que vigila las acciones del LAPD el jefe policial, Charlie Beck, y la Oficina del Inspector al detallar los resultados de la investigación.
Tras el anuncio se generaron varias reacciones, así como protestas ciudadanas en las inmediaciones del Parque MacArthur sin mayores incidentes al cierre de edición, pese a la alta presencia policíaca, según informó Carlos Aviles, en el diario la Opinión de los Angeles, uno de los medios hispanos más influyentes en California.
Además informa que un pequeño grupo de manifestantes se apostaron sobre las esquinas de la Avenida Unión y la Calle Seis con pancartas y altavoces, pidiendo "justicia" para el inmigrante guatemalteco e iniciaron una pequeña marcha en la zona.
Y es que tras casi seis meses de investigación sobre el controversial tiroteo, la comisión concluyó que no se haría ninguna medida disciplinaria, entrenamiento o amonestación al agente Frank Hernández, responsable de disparar a Jamínez, ni se cambiaría la política actual de uso de fuerza. "Nuestra revisión en este caso ha sido exhaustiva, concluyente y no deja ninguna piedra sin haber sido movida", expresó el presidente de la comisión, John Mack. "Este ha sido un caso particularmente difícil y un incidente muy triste para todos los involucrados", agregó.
La postura de la comisión de policía coincide con la recomendación del jefe Beck y con la de la Procuraduría del condado de Los Ángeles, quienes informaron ayer que desde la semana pasada habían decidido no presentar cargos criminales contra Hernández por haber actuado "legalmente" y en "defensa propia".
Los trágicos acontecimientos en torno a este caso se remontan al 5 de septiembre del 2010, cuando Beck tuvo uno de sus mayores retos al enfrentar un escrutinio público por la muerte de Jamínez, ya que varias personas habían dicho que este no se encontraba armado.
Durante el incidente y según el recuento policial, los agentes pidieron en repetidas ocasiones a Jamínez que soltara un cuchillo que llevaba en la mano, tanto en español como en inglés.
Tras negarse a las peticiones, y presuntamente lanzarse contra los agentes, estos le dispararon dos veces, impactando ambos tiros en la cabeza. El tiroteo causó un gran revuelo en Los Ángeles provocando por lo menos tres manifestaciones de protesta y algunos disturbios en las calles que dejaron a más de 20 personas arrestadas."Si están o no de acuerdo solo les pido que sigan la ley", expresó ayer Beck, luego del anuncio y en clara alusión a los posibles disturbios. "Sean pacíficos y no retrocedamos lo que hemos avanzado", agregó.
El jefe policial aseguró que las pesquisas muestran residuos de ADN pertenecientes a Jamínez en el cuchillo que se recuperó en la escena y que al menos cinco testigos aseguraron en declaraciones escritas, que este se encontraba armado y blandiendo el arma.
Tanto la comisión como la policía, dijeron que no habían encontrado razones para cambiar la política de uso de fuerza letal, que en este caso fue permitida porque un agente reaccionó ante una amenaza de muerte. "Este guión ya estaba escrito desde el principio, es decepcionante", fue la reacción del abogado Luis Carrillo, quien actualmente demanda civilmente a la ciudad por la muerte injustificada de Jamínez y quien dijo que existen testigos que desmienten la versión policíaca."Se les debe recordar a los agentes que los inmigrantes en Los Ángeles son seres humanos y que se debe explorar toda acción razonable antes de disparar a matar", agregó Angélica Salas, de la Coalición de Derechos de los Inmigrantes.
Sin embargo, las reacciones en favor de la decisión también resonaron. "Si no quieres que te dispare un agente de policía, no trates de apuñalarlo con un cuchillo", expresó Paul Weber, director la de Liga Protectora de Policías, quien "alabó" la decisión del panel civil en una declaración enviada a este rotativo.
Se espera que la Coalición de Inmigración del Sur de California realice una protesta frente a la procuraduría del condado, exigiendo que se presenten cargos criminales contra el agente policíaco.
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