EXCLAVITUD. MUY AÑEJA.

Rafael Michel.

El tema no es nuevo.
Es añejo el problema.
Desde hace ya varios meses, ha venido subiendo de tono en nuestro país, la preocupación sobre el regreso de una nueva forma de esclavitud a la que se ha denominado como “trata de personas”, es decir, nuevas formas de venta, explotación y consumo de seres humanos. El tema en realidad no es nuevo, a pesar de que desde la declaración de Don Miguel Hidalgo sobre la abolición de la esclavitud en México y el hecho haber quedado plasmada en nuestro texto Constitucional vigente, la realidad es que la explotación comercial, sexual y laboral de seres humanos contra su voluntad, especialmente mujeres y niños, ha sido una constante; sin embargo, en últimas fechas, este fenómeno se ha visto incrementado de manera alarmante por nuevas formas cada vez más perversas que siguen atentando contra la dignidad y la libertad humana y que agravian a nuestra sociedad en pleno siglo XXI, convirtiéndose en un cáncer cada vez más peligroso, desgraciadamente frente a la complacencia, omisión y en muchos casos ante la complicidad de algunos.
El fenómeno migratorio, particularmente el de los migrantes centroamericanos que atraviesan nuestro país para ir a los Estados Unidos, y también el de mujeres, niñas y niños, extranjeros que son explotados sexualmente contra su voluntad en centros nocturnos o de prostitución, los pone en un estado altamente vulnerable para quienes desde la delincuencia organizada encuentran la oportunidad de obtener mano de obra barata, sin riesgos mayores, dada la condición de indocumentados y de lejanía de sus familiares y también frente a la indolencia de las autoridades migratorias mexicanas. Pero también en complacencia de quienes aún teniendo conocimiento de su situación, “consuman” o utilicen los servicios derivados de la trata de personas. No dudo tampoco que el caso de muchos menores abandonados o no por sus padres que están en situación de calle, sean también explotados comercialmente por un adulto, entre otras variables más sofisticadas de esclavitud. En complacencia de quienes aún teniendo conocimiento de su situación, “consuman” o utilicen los servicios derivados de la trata de personas..´
Los efectos perniciosos de la trata sobre las personas en el orden internacional, regional y local convulsionan los sentimientos de las víctimas, afectan su libertad y dignidad, además de que atentan contra los valores más sensibles del ser humano como la igualdad y la no discriminación. La trata de personas es un delito que por lo general se comete en un contexto de impunidad y de cierta tolerancia social, y en el cual, la mayoría de sus víctimas no conocen sus derechos, o se encuentran amenazadas por lo que no exigen su cumplimiento. Al igual, la trata de personas se considera un delito grave que comparte el escenario de comisión de otros delitos de igual naturaleza. Según el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) el 50% de las víctimas de trata son niños y niñas; asimismo, determina como principales condiciones de vulnerabilidad al delito: la pobreza, la desigualdad existente de niñas y mujeres, la baja tasa de matriculación escolar, los niños en situación de desamparo, la falta de un registro de nacimientos, la alta demanda de servicios de explotación sexual y de mano de obra barata, así como las tradiciones y valores culturales.

Coincido con el planteamiento que sobre este asunto ha realizado el Presidente Calderón, apoyado en la Ley que aprobamos en el Senado desde Noviembre del 2007 contra la trata de personas, para tomar medidas urgentes, eficaces e inmediatas para prevenir y combatir este terrible delito que atenta contra la paz y la tranquilidad de todas las familias mexicanas. La invisibilidad de la explotación en el país impide la determinación de las causas y formas del sometimiento; por lo que la construcción de un diagnóstico que pudiera dimensionar la magnitud del delito resulta compleja y aún no ha sido desarrollada en México. Ante esto, expresa el decreto contra la trata de personas del Gobierno Federal publicado el 6 de enero pasado, se reitera la necesidad de que el Estado Mexicano no sólo elabore políticas públicas para consolidar los esfuerzos para prevenir y erradicar este lacerante delito, si no también se elabore un diagnóstico específico en la materia. Se identifiquen las zonas de riesgo y se tomen todas las medidas necesarias para extirpar este tumor donde se encuentre.
Soy un convencido pleno de que las políticas públicas parten del respeto al estado de derecho y a los derechos humanos como condiciones indispensables para consolidar la democracia y la gobernabilidad nacional.