500 EXPULSIONES EN EL INM

Rafael Michel.
Mientras que el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, informó que casi 500 elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) han sido separados de sus cargos al no pasar los exámenes de control de confianza, lo que demuestra que "nos estamos tomando en serio la depuración", en la ciudad más visitada del mundo, Tijuana, los agentes que son enviados a que trabajen en Baja California hacen de las suyas al pisotear los derechos de los extranjeros que pretenden cruzar a suelo americano y hasta de los compatriotas.
Es una contrariedad de cultura. Es una complicación de sentido común de cada agente que se queda en la nomina federal.
Es un inconveniente que desde la década de los setenta se dice que se está erradicando. Es un problema serio y espinoso. Falta que las comisiones en verdad trabajen para que atiendan los verdaderos reclamos de los quejosos.
Al instalar el Consejo Consultivo de Migración y el Consejo Ciudadano del INM en la Secretaría de Gobernación, aseguró que quienes han "reprobado" dichos exámenes han sido separados del cargo, pues en el instituto "no se contrata a nadie que no cumpla con los estándares más rigurosos".
Esta cifra "nos habla de prácticamente el 10% de la plantilla" cuando se ha evaluado a sólo cerca del 60% del personal, dijo el funcionario en un acto en el que instaló al Consejo Consultivo de Migración y al Consejo Ciudadano del INM, que representan a la sociedad civil en la institución.

"Nos estamos tomando en serio la depuración", añadió.

Dijo que la depuración está en marcha y a todo vapor en el Instituto Nacional de Migración, donde hasta el momento se han evaluado a cerca del 60 por ciento de los funcionarios públicos que forman parte de él.
El secretario de Gobernación respaldó la propuesta de que todos los funcionarios públicos, de los tres niveles de gobierno relacionados con el tema migratorio, asuman el Código de Ética de los empleados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Por ello, es importante el proceso de control de confianza que se sigue en el Instituto, el cual cuenta ya con un Centro de Control de Confianza debidamente acreditado y que garantiza que no haya funcionarios vinculados con la corrupción.
Pidió al comisionado del INM, Salvador Beltrán del Río, que le envíe a los miembros de ambos consejos esa información detallada y, a ellos, que la analicen en detalle y den seguimiento, para garantizar que la evaluación continúe rigurosamente hasta terminar.
En el próximo sexenio se espera que continúe la evaluación de todo el personal, empezando desde los altos mandos hasta el personal operativo y con especial cuidado en los funcionarios que tienen contacto con el público.

Respecto al tema migratorio, detalló que en el actual sexenio se han hecho algunos ajustes al marco normativo, en el reconocimiento de que algunos aspectos internacionales también inciden en la materia.
Por ejemplo, la crisis económica en Estados Unidos, la política restrictiva y, en algunos casos abiertamente violatoria de los derechos humanos contra los migrantes en ese país y la irrupción del crimen organizado en el fenómeno migratorio, incluyendo corrupción de autoridades.
En ese sentido, se han tomado acciones como la descriminalización del fenómeno migratorio; la ampliación de los derechos humanos para todo el que se encuentre en territorio nacional y los cambios a la Ley de Refugiados y la Ley Migratoria.
Sobre la instalación de los consejos consultivos, dijo que con ello quedan puestos los elementos de responsabilidad compartida para darle solidez a la política migratoria, con el concurso de la sociedad civil.
Unos 140,000 centroamericanos ingresan a México de manera ilegal cada año, con la esperanza de llegar a la frontera norte y cruzar a Estados Unidos, según cifras del gobierno mexicano.
Miles de ello no sólo enfrentan el secuestro, la extorsión, el asesinato, la violación y la trata de personas por parte del crimen organizado, sino que además padecen la corrupción por parte de las autoridades mexicanas y la impunidad de los crímenes de los que son víctimas.
"No es admisible que un sólo servidor público de este país, particularmente del Instituto Nacional de Migración, no solamente no sea parte de la solución del problema migratorio, sino que eventualmente pudiera llegar a ser parte del problema" mismo, dijo Poiré.
Así, los nuevos agentes de migracion deben acreditar un modo honesto de vida, estar libres de adicciones, carecer de indicios de corrupción o tener vínculos con bandas del crimen organizado, aseguró.
Respecto al tema migratorio, Poiré detalló que en el sexenio de Felipe Calderón se descriminalizó el fenómeno migratorio y se realizaron cambios a la Ley de Refugiados y la Ley Migratoria.
Según el Movimiento Migrante Centroamericano, unos 70,000 centroamericanos han desaparecido en los últimos seis años en México, cuando se acentuaron las pugnas entre los cárteles de drogas y los choques de éstos con las fuerzas de seguridad.