Por Rafael Michel
I
Sólo en Baja California, Nuevo León y Jalisco la transmisión de una enfermedad venérea no es un tipo penal sino una calificativa del delito de lesiones. En Jalisco, además, es calificativa de homicidio.
Como se señaló desde el inicio de la actual administración, la Secretaría de Salud federal ignora a las mujeres en su política de prevención y atención del VIH/SIDA. El Programa de Acción para la Prevención y Control del SIDA en México 2007-2012, no establece ninguna acción de prevención o atención dirigida a las mujeres en su conjunto. Establece únicamente una línea de acción hacia la prevención y atención del VIH/SIDA de mujeres embarazadas.
En 30 de los 32 estados de la República mexicana, contagiar a una persona de una enfermedad transmisible, como el VIH, está castigado hasta con la cárcel pese a que las recomendaciones internacionales en la lucha contra el Sida niegan que criminalizar la transmisión del virus sea una medida eficiente
Para el 2009, CENSIDA reporta que en México, alrededor de 220 mil personas vi-ven con VIH, con una prevalencia en población adulta de 0.3%. De las 220 mil personas con VIH, según un cálculo realizado conjuntamente por el CENSIDA y ONUSIDA, alre¬dedor de 129 mil 800 son personas que están infectadas por el VIH pero que no lo saben; representan el 59% de las personas que se calcula viven con VIH.
Con base a estas cifras, de las 220 mil personas que viven con VIH, alrededor de 90 mil 200 personas serían las registradas (que saben que viven con el VIH). Sin embargo, según datos del propio CENSIDA correspondientes al 2008,71 habían entonces 26 mil 200 casos registrados acumulados de VIH. De seguir esta lógica, significaría que durante el 2009 hubo 64 mil casos más de VIH, lo cual sería sumamente grave.
II
La falta de transparencia en las cifras públicas del CENSIDA en el manejo de cifras generales en la nueva modalidad del CENSIDA al presentar las cifras correspondientes al 2009 obstaculiza a la ciudadanía hacer un seguimiento de la evolución de la epidemia. Aunado al hecho de que no cumple con la obligatoriedad de desglosar las cifras, tanto de VIH como de SIDA, por sexo, por edad y por localidad. Asimismo, es importante señalar que en su página electrónica, las cifras en su apartado de “Epidemiología y Monitoreo”, llegan apenas al 31 de marzo del 2009.
En su informe 2009, CENSIDA reporta el registro de 135 mil casos de SIDA 10 mil 498 casos más que los registrados durante el 2008. De éstos, cerca de 24 mil corres¬ponden a mujeres, quienes presentan un incremento de 2 mil 70 casos con respecto a los registrados en 2008:
III
Desde 1983 Casos acumulados de SIDA Casos de mujeres acumulados de SIDA Porcentaje de mujeres con SIDA respecto al total
Al año 2000 47,617 6,809 14.3 %
Al año 2006 107,625 18,320 17.0 %
Al año 2007 115,651 19,948 17.2 %
Al año 2008 124,505 21,826 17.5 %
Al año 2009 135,003 23,896 17.7 %
La epidemia de SIDA en México es llamada “concentrada” al afectar a grupos po¬blacionales considerados de “mayor riesgo”, entre los que se encuentran: los trabajadores sexuales (hombres) con una prevalencia media del 15%; los hombres que tienen sexo con hombres, con un 11%; los usuarios de drogas inyectadas, 5%: las trabajadoras sexuales, 2%; y las personas privadas de la libertad, 1.5%.
En su reporte 2009, CENSIDA reconoce que “respecto a la población con prácticas heterosexuales, se mantiene un crecimiento constante en el número de casos en mujeres, particularmente en las jóvenes, en las zonas rurales y en las comunidades indígenas”.
IV
Asimismo, preocupa la mortalidad de mujeres por SIDA ya que CENSIDA reconoce que ésta ha aumentado, debido “al incremento más acelerado en la proporción de casos de mujeres y por problemas en la detección oportuna del VIH/SIDA y en la adherencia al TAR; por problemas que pueden estar relacionados con aspectos socioeconómicos y de desigualdad de género, que se presentan más acentuados en algunas zonas del país.”
Respecto a la transmisión vertical, el CENSIDA tampoco ofrece información sobre la dimensión real del problema. Es una realidad que un gran número de mujeres que viven con VIH/SIDA se enteran de ello durante su embarazo, al realizarse la prueba. Sin embar¬go, para el 2008 se calculaba que únicamente 37 de cada 100 mujeres embarazadas se realizan la prueba del VIH.75
Aunado a lo anterior, es fundamental que las autoridades de salud garanticen que las mujeres que viven con VIH/SIDA ejerzan su derecho a decidir tener o no hijos y cuán¬do, para lo cual deben contar con servicios de información y consejería especializados respecto a métodos anticonceptivos -incluido el condón pero no solamente- y en parti¬cular, sobre la anticoncepción de emergencia. Asimismo, las mujeres embarazadas y con VIH/SIDA deben contar con las condiciones para continuar con su embarazo y acceder a tratamiento tanto para ella como para el recién nacido; o bien, si así lo desean, deben contar con las condiciones para la interrupción del embarazo.
A pesar de lo anterior, como hemos señalado insistentemente, las políticas dirigidas a la prevención del VIH/SIDA no toman en cuenta a las mujeres, al ser focalizadas en lo que consideran grupos poblacionales de “mayor riesgo”. Incluso, ONUSIDA en su plan de acción 2009-2011 señala que para cambiar el curso de la epidemia es necesario ampliar la orientación sobre la prevención del VIH; para ello, deberán atenderse las necesidades espe¬cíficas de cada “población clave”, entre las cuales incluye a las mujeres y a las niñas.
En el marco de ONUSIDA se establecieron 9 áreas prioritarias, interrelacionadas, como parte de los resultados a alcanzar en el período 2009-2011. Entre éstas se encuen¬tran: 1) Disminuir la transmisión sexual del VIH. 2) Evitar que las madres mueran y los “bebés” se infecten de VIH. 3) Asegurar que todas las personas que vivan con VIH reciban tratamiento. 4) Evitar que las personas que viven con VIH mueran de tuberculosis. 5) Evitar que usuarios de drogas se infecten. 6) Eliminar leyes, políticas y prácticas que obstaculi¬zan las respuestas eficaces ante el SIDA. 7) Detener la violencia contra mujeres y niñas. 8) Capacitar a jóvenes para que se protejan contra VIH y 9) Mejorar la protección social de las personas afectadas por el VIH/SIDA.
Probablemente en respuesta a los señalamientos internacionales más que a la rea¬lidad nacional, CENSIDA reporta un proceso reciente de trabajo conjunto con el InstitutoNacional de las Mujeres, UNFPA, ONUSIDA y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, entre otras instancias, cuyo objetivo es “construir una estrategia de prevención y atención integral en mujeres y VIH/SIDA” que responda a las necesidades reales de las mujeres, así como operar conjuntamente INMU¬JERES y CENSIDA la estrategia que se diseñe. Según CENSIDA, el principio bajo el cual se está diseñando dicha estrategia es el de Mayor Involucramiento de Personas Afectadas (MIPA).
Ante el innegable incremento de mujeres con VIH/SIDA y frente a la iniciativa men¬cionada, será fundamental que se tome en cuenta para el trabajo de prevención dirigido a las mujeres diversos factores: por una lado, la desigualdad que viven las mujeres y que les impide tomar decisiones informadas sobre su sexualidad, lo que juega un papel de vul¬nerabilidad frente a la adquisición del VIH/SIDA; por otro lado, la diversidad de prácticas sexuales que tienen muchos hombres heterosexuales (prácticas homosexuales, bisexuales así como la multiplicidad de parejas sexuales) y que debido a barreras religiosas, sociales y culturales se presentan obstáculos para abordar abiertamente la prevención. Asimismo, la carga que implica para las mujeres el hecho de que son ellas quienes asumen los cui¬dados de las personas que viven con VIH/SIDA a nivel familiar y comunitario.
Asimismo, será importante dar seguimiento a los procesos de revisión de dos nor¬mas relacionadas, la Norma Oficial Mexicana referente a la Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana NOM-010, así como al proyecto de la Norma Oficial Mexi¬cana para otras Infecciones de Transmisión Sexual.
V
Es importante señalar que la reducción del VIH/SIDA es también uno de los Objeti¬vos de Desarrollo del Milenio, el Objetivo 6, en el que el Estado mexicano se comprome¬tió a alcanzar 2 metas: una, “Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015 la propagación del VIH/SIDA” y “Lograr, para el año 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de todas las personas que lo necesitan”.
En ese mismo sentido, el Estado mexicano asumió los acuerdos de la Declaración de la Primera Reunión de Ministros de Salud y Educación para detectar el VIH en Latino¬américa y El Caribe,78 con la cual se comprometió a lograr para el 2015: “Reducir en 75% la brecha en el número de escuelas bajo la jurisdicción de los Ministerios de Educaciónque no imparten educación integral en sexualidad” y “Reducir en 50% la brecha en el nú¬mero de las y los adolescentes y jóvenes sin cobertura de servicios de salud que atiendan apropiadamente sus necesidades de salud sexual y reproductiva”.
No obstante que se cuenta con algunos avances en materia de educación sexual en la educación básica, en la realidad existe una política contraria. Al igual que en otros ámbitos de la salud sexual y reproductiva, en materia de educación las políticas públicas son contrarias al respeto, promoción y difusión de los derechos sexuales y reproducti¬vos. Baste recordar la denuncia hecha por organizaciones civiles sobre el hecho de que la Secretaría de Educación Pública, en un procedimiento poco transparente, financió la producción de 2,3 millones de ejemplares del libro “Salud y sexualidad humana”, con un monto de alrededor de 10.5 millones de pesos, editado por grupos conservadores para ser utilizados de forma paralela a los libros de educación sexual oficiales, ya que se distribuyó a todos los estudiantes del primer año de secundaria. En el mencionado libro, se desca¬lifica la eficacia del condón, se promueve el abandono de los métodos anticonceptivos por ser un riesgo inevitable de cáncer, se habla de daño psicológico que causa la mastur¬bación, se promueve la abstinencia y se desconoce la existencia de la anticoncepción de emergencia.
En la Reunión Ministerial Regional para América Latina y el Caribe, cuyo objetivo fue analizar los avances de los Acuerdos adquiridos en dicha Declaración, “se hizo hin¬capié en la necesidad de que la región de América Latina y el Caribe mantengan o incre¬menten los recursos para prevenir el VIH/SIDA, a pesar de la crisis económica actual. Así como avanzar de forma significativa para incrementar la cobertura de los servicios preven¬tivos, en particular, a los grupos de mayor riesgo y vulnerabilidad al VIH, e implementar acciones encaminadas al combate contra el estigma, la homofobia y la discriminación, que constituyen la barrera más grande para alcanzar la meta del desarrollo del milenio referente al VIH”.
Como parte del seguimiento a los compromisos de dicha Declaración, también se llevó a cabo en agosto, la “Consulta Técnica Regional sobre las Directrices Internacionales para Educación en Sexualidad (UNESCO) y otra documentación relacionada”, en la cual se propusieron lineamientos de contenidos mínimos para una educación integral en sexualidad, basados en evidencia científica y en el contexto regional. Asimismo, se acordó la elaboración de varios instrumentos técnicos sobre educación integral de la sexualidad, salud sexual y reproductiva y VIH/SIDA que servirán como herramientas de consulta para las y los trabajadores de los servicios de salud y de educación que atienden a las y los adolescentes y jóvenes.
VI
Es importante mencionar que México recibirá en el segundo semestre de 2010 re¬cursos financieros del Fondo Global de Lucha contra el SIDA por alrededor de 70 millones de dólares para la realización de acciones de prevención, así como para la lucha contra el estigma, la discriminación y la homofobia. Con este financiamiento, dijo, se fortalecerán tres estrategias nodales: La prevención del VIH y la reducción de daños en las poblacio¬nes de hombres que tienen relaciones sexuales con personas de su sexo y usuarios de drogas inyectables (UDI); la lucha contra el estigma, la discriminación y la homofobia, y el fortalecimiento de los sistemas comunitarios y gubernamentales para incrementar la prevención del VIH.
Según la SS, los avances en prevención y atención del VIH/SIDA en uno de los grupos prioritarios, los HSH (Hombres que tienen Sexo con otros Hombres), le significó a México, y al titular del CENSIDA, el Dr. José Antonio Izazola Licea, el reconocimiento internacional que llevó a nuestro país a ser seleccionado para dar seguimiento a la Decla¬ración Ministerial Prevenir con Educación en America Latina y el Caribe, como Secretario Ejecutivo, por parte de la Comisión Económica y Social. Asimismo, México fue elegido para representar a todos los países de América Latina y El Caribe como miembros titulares de la junta directiva del Fondo Mundial para Sida, Tuberculosis y Malaria, mecanismo de financiamiento internacional en salud.
Nada cobra vital relevancia en la educación de las personas como la educación sexual. Sin embargo, por tratarse del cuerpo humano, del placer que provocan sensaciones y emociones, prevalecen al paso del tiempo prejuicios, simulaciones e hipocresías producto de una visión arcaica y religiosa inscrita en que el placer es la fruta prohibida que lleva a los hombres a su perdición y a las mujeres a ser castigadas como instigadoras de los placeres de la carne. La relación sexual sigue delimitada a la perpetuación de la especie, aunque se diga lo contrario, así está inscrito en los códigos civiles, forma parte de la ortodoxia jurídica a través de preceptos discriminatorios y denigrantes como el estupro o la moral y las buenas constumbres; impera en la costumbre y cultura androcéntrica y las mujeres sólo son útiles y “usables” durante su etapa fértil, de ahí que una adolescente que recién comienza la etapa de la pubertad sea una presa del acoso sexual y cuando deja de menstruar esa mujer es arrumbada y simplemente es sustituida por otra mujer más joven. El hombre refrenda así su masculinidad fundada en el simbolismo fálico del poder, como lo señala la doctora Celia Ruiz. Las mujeres sólo cumplen la función que la “naturaleza” les ha determinado, o como dice Marcela Lagarde, esta condición de género determina los cautiverios de las mujeres como madres/esposas, o transgresoras en sus cautiverios como monjas, presas, putas o locas, impedimentos para su autonomía y libertad.
VII
Por eso llama la atención que la Secretaría de Salud refrende tomar en cuenta la prestación de servicios de salud desde un enfoque de derechos y capacitar sobre derechos sexuales y reproductivos a los prestadores de servicios. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, en la cotidianeidad de los servicios del sistema nacional de salud no hay una permanente formación de las y los prestadores de salud en materia de derechos humanos de las mujeres. En los estados donde se imparten talleres, diplomados o seminarios en el marco del ejercicio presupuestal del Fondo para la Transversalidad de la Perspectiva de Género, es notoria la ausencia de los hombres prestadores de salud. Algunos gobernadores, como el del estado de Jalisco, no sólo gobierna de espaldas a la ciencia y a los derechos humanos de las mujeres, sino que envalentonado impunemente elude y desprecia la política federal —de su propio partido por cierto— de la Secretaría de Salud y que en función de la ley debe cumplir irrestrictamente. Siguen imperando prejuicios anticientíficos que limitan o excluyen de información adecuada y vital a adolescentes de ambos sexos que comienzan su sexualidad sin la información de prevención y orientación que impida embarazos a temprana edad y que prevenga de infecciones de transmisión sexual. No hay una política gubernamental que informe adecuadamente a toda la población sobre los riesgos de contraer los diversos virus de papiloma humano, o de los virus de hepatitis B y C, de las características de los diversos herpes, entre otras enfermedades que son adquiridas a través de las relaciones sexuales sin protección debida y sin la atención de la salud sexual y su prevención.
Sobre el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, sida, los datos oficiales del Censida, a través de la Dirección de Investigación Operativa, señalan que los casos acumulados de sida por edad y sexo a noviembre de 2009, refieren que de un total de 135,003 casos, 111,090 son hombres y 23,913 son mujeres, que el grupo de edad que estriba entre 30 y 44 años es el más alto de infección (47.7%), le sigue el grupo de edad entre 15 y 29 años (29.8%) y más de 45 años el 19.3%. El nivel más alto de infecciones contraídas fue entre los años de 1999 al 2004 con más de 8,000 casos por año. Hay un descenso en los años 2005 y 2006 de entre el 8 y 12% de los años anteriores; el 2007 se informa de 6,666 casos, el 2008 de 5,560 y el año de 2009 de 3,375 casos. Ahora bien, de los casos diagnosticados acumulados de 1983 al 2009 por categoría de transmisión sexual, en los hombres de entre 15 y 29 años que se dicen heterosexuales es el 37.2%, sobre quienes se dicen homosexuales con un 36.4%; quienes se consideran bisexuales es el 22.3%, total de estos casos: 21,562. En los casos acumulados en el año de 2009 (868 casos), quienes se dicen heterosexuales son el 41.4%, se dicen homosexuales 35.2% y bisexuales el 20.5%. En los casos acumulados de 1983 al 2009 en hombres de 30 años o más hay un incremento en infecciones por transmisión sexual heterosexual en 42.8%, sobre el 30.5% de quienes se dicen homosexuales, y un 23.2% de quienes se dicen bisexuales.
VIII
En los casos acumulados diagnosticados de mujeres entre los 15 y 29 años de 1983 al año 2009, 5,385 casos corresponden sólo a la categoría de transmisión heterosexual, no hay ningún caso por tener relaciones entre mujeres, y no hay señalamiento de casos entre las mujeres que se dicen bisexuales. En los casos acumulados del año 1983 al 2009 en mujeres mayores de 30 años la infección por trasmisión sexual está en quienes se dicen heterosexuales. Los datos del Censida reflejan que las mujeres de más de 15 años afectadas por el sida fueron infectadas por hombres en relaciones heterosexuales. Ante esta información oficial es necesario insistir en una información veraz y oportuna, porque el VIH sida afecta irremediablemente a las mujeres, quienes son infectadas por sus compañeros, parejas estables o casuales en relaciones heterosexuales.
Para complementar esta información señalo que los casos de infección por transfusión sanguínea apenas es el 3.6 en hombres y el 7.0% en mujeres, por drogas apenas el 1.6% en hombres y el 1.0% en mujeres.
Un buen enunciado es el compromiso del Censida para apoyar la política de distribución y accesibilidad de condones masculinos y femeninos de manera gratuita que arrancó el 16 de febrero pasado. Asimismo, se señala en el comunicado oficial respectivo que firma el doctor Carlos García de León Moreno, director de Prevención y Participación Social, que se va a monitorear, a través de un informe trimestral, que estos insumos lleguen a la población clave, por medio de las OSC registradas en Sedesol y con CLUNI y que trabajen en VIH sida. Me llama la atención la ausencia de perspectiva de género en este oficio. Como se observa en la información oficial, las mujeres están en mayor riesgo como agentes pasivas, víctimas de sus parejas hombres. Esperemos que el reparto gratuito del condón femenino no enfrente la reticencia de los poderes fácticos que tienen sus testaferros en los ámbitos locales del poder.
De acuerdo al documento Cuadro comparativo del Delito de Peligro de Contagio en las entidades federativas, elaborado en 2009 por el Programa de VIH de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sólo Aguascalientes y San Luis Potosí no penalizan la transmisión de la pandemia.
IX
En 28 entidades, las leyes no tipifican específicamente el contagio del VIH, sino que en sus códigos penales se refieren a la transmisión de cualquier enfermedad “venerea” o “incurable” (como es el caso del virus del Sida).
En contraste, Guerrero y Tamaulipas tipifican de forma directa la transmisión de VIH, lo que contraviene las directrices internacionales de la ONU, en las que llama a no establecer tipos penales especiales por estos casos.
El artículo 195 del Código Penal guerrerense castiga al que “sabiendo que padece enfermedades de transmisión sexual en período infectante, incluido el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, tenga cópula con una persona que ignore su condición”.
En Tamaulipas, el artículo 203 es similar sólo que las sanciones cambian. Mientras que en Guerrero se castiga con prisión de tres meses a cinco años y multas de 20 a 100 días de salarios, en éste lo sancionan con seis a tres años de cárcel y multa de 15 a 50 días.
Durante la Conferencia Mundial de VIH Sida, celebrada en México en 2008, el Fondo de Población de las Naciones Unidas advirtió que criminalizar el contagio de este síndrome "no detiene la epidemia, sólo refuerza los estigmas".
La Human Rights Watch también se ha expresado en contra al señalar que puede poner en peligro la salud pública y la justicia, además de vulnerar los derechos humanos.
X
El documento de la CNDH asegura que aunque la mayoría de los estados sí cumple con las directrices de la ONU, “es claro que la prevención del VIH no se hace con policía, sino con políticas de salud pública. La discusión de la ley penal no necesariamente será la mejor estrategia para la prevención”.
Además, de acuerdo con cifras del Centro Nacional de Prevención y Control del VIH Sida recabadas hasta marzo pasado, esta estrategia no muestra resultados. En Guerrero y Tamaulipas la incidencia acumulada de casos de Sida es mayor que la reportada en Aguascalientes y San Luis Potosí.
Pero no sólo las leyes estatales penalizan el contagio de VIH. El Código Penal Federal, en el artículo 199 también se refiere al contagio de “un mal venéreo u otra enfermedad grave incurable” y lo castiga con “seis meses a cinco años de prisión”.
En los 30 estados en los que se penaliza, la redacción de los artículos que lo contemplan no son iguales. En algunos sólo hablan de “contagio venereo” por acción premeditada. En otros, como Baja California Sur, se penaliza aún cuando se cometa “sin propósito de causar daño”.
El caso de Durango es más extremo. El artículo 353 del Código Penal detalla que “si el ofensor desconociera que estuviera infectado” la pena es de tres meses a 10 años de prisión y de 500 a dos mil días de multa, sanción menor a la contemplada cuando sí conoce su padecimiento (de 10 a 50 años y de dos mil 500 a 20 mil días).
De acuerdo con el Programa de VIH Sida de la CNDH, “ninguno de los códigos vigentes prevé de manera explícita excluyentes de responsabilidad por el hecho de desconocer el estado de salud, por haber tomado precauciones, ni por desconocimiento de las formas de transmisión”.
Sólo el Distrito Federal, en el artículo 159, al referirse a este tipo de delito, se excluye al ofensor al señalar que se castigará “siempre y cuando la víctima no tenga conocimiento de esa circunstancia”.
En 21 estados se indica que el delito “sólo se procederá por querella”, en casos como Guanajuato, se detalla que se seguirá cuando “entre cónyuges o concubinos” la víctima lo denuncie.
No existen cifras sobre cuántas personas han sido procesadas por estos delitos, pero no se equivalen con el número de personas que viven con VIH en México (200 mil aproximadamente)
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