Rafael Michel
Según tiene expedienteprivado, en sus archivos, los siguientes registros de los mexicanos que han sido sentenciados a la "pena capital": la muerte.
El 9 de enero de 2003 México presentó un litigio contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la situación de un grupo de ciudadanos mexicanos que enfrentaban la pena de muerte y a quienes no se les había respetado el derecho a la notificación consular al momento de su detención (el caso se denominó "Caso Avena y otros nacionales mexicanos"). La controversia de fondo no fue sobre la pena de muerte, sino sobre el derecho que tiene toda persona, con base a la Convención de Viena, a contar con el apoyo de su Estado de origen cuando enfrenta un proceso penal en el extranjero.
Mientras que todos los diarios nacionales e internacionales tocan el tema, pero El Universal, en una forma por demás clara y contundente hace referencia del caso omiso al que se le hace a México en sus constantes peticiones.
Los gobiernos de Brasil, Honduras, El Salvador y Suiza se sumaron a la petición de que se suspenda temporalmente la ejecución del mexicano Humberto García Leal, programada para el 7 de julio en Texas.
En un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer además que el gobierno de México continuará realizando todas las gestiones a su alcance para que se dé cumplimiento a la Sentencia del Caso Avena, dictada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ),que ordenó desde 2004 que 52 casos de mexicanos sentenciados a muerte sean revisados pues a todos se les negó el derecho de asistencia consular.
La dependencia aseguró que México seguirá insistiendo en el derecho a la notificación consular, "herramienta esencial para la defensa de los derechos e intereses de los mexicanos en el exterior".
Dio a conocer que en el caso concreto de Leal García -sentenciado a la pena capital por el asesinato de una adolescente perpetrado en 1994 en San Antonio, Texas-, la defensa del señor solicitó la intervención del gobernador de Texas, Rick Perry, para suspender temporalmente la ejecución y eventualmente solicitar una audiencia de clemencia de la Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado.
La Secretaria de Relaciones Exteriores y el Embajador de México en Estados Unidos remitieron cartas en apoyo a esta solicitud.
A esta petición se sumaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los gobiernos de Brasil, Honduras, El Salvador y Suiza, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y diversas organizaciones no gubernamentales "enviaron cartas en este mismo sentido".
Y...
El 31 de marzo de 2004 la Corte Internacional de Justicia falló a favor de México, reconociendo que las autoridades estadounidenses nunca informaron a 51 connacionales su derecho a notificar su detención al consulado mexicano correspondiente. En consecuencia, ordenó a Estados Unidos a proceder a la revisión y reconsideración de los casos por la vía judicial.
El 28 de febrero de 2005, mediante un memorando al Procurador General de Estados Unidos, el Presidente George W. Bush ordenó a las cortes estatales estadounidenses la aplicación de esta sentencia. No obstante, el 25 de marzo de 2008, en el caso "Medellín contra Texas", la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos determinó que ni el documento del Presidente Bush ni la sentencia de la CIJ eran de cumplimiento obligatorio sin la existencia de legislación federal para tal efecto.
A la luz de la determinación de la Suprema Corte de Justicia, el 5 de junio de 2008 México presentó a la CIJ una solicitud de interpretación sobre el sentido y alcance de la sentencia del "Caso Avena". Solicitó también medidas provisionales, que fueron concedidas, para evitar la ejecución de los mexicanos incluidos en el fallo en tanto no se desahogara la solicitud de interpretación. El 24 de julio de ese año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe recomendando la revisión y reconsideración de las sentencias a muerte y estableciendo medidas cautelares.
A pesar de las gestiones realizadas, uno de los nacionales mexicanos incluidos en la sentencia del "Caso Avena", José Ernesto Medellín Rojas, fue ejecutado en Texas el 5 de agosto de 2008. El Gobierno de México envió una nota de protesta al Departamento de Estado, al haberse violado el derecho internacional.
El 19 de enero de 2009 la CIJ resolvió que Estados Unidos violó la orden de medidas provisionales al no haber tomado todas las acciones necesarias para impedir la ejecución del señor Medellín y reiteró la obligación permanente de dar cumplimiento a la decisión del "Caso Avena".
El 7 de agosto de 2009 la CIDH reiteró la recomendación de revisar y reconsiderar las sentencias dictadas a Humberto Leal y Rubén Ramírez. Sostuvo las medidas cautelares.
A partir de la resolución de la CIJ y la recomendación de la CIDH, así como de la decisión en el caso "Medellín contra Texas", el Gobierno de México intensificó la interlocución con actores relevantes en este proceso, tanto en el Ejecutivo como en el Poder Legislativo estadounidenses, así como en el ámbito de la sociedad civil.
El 10 de junio la defensa del señor Leal solicitó a la CIDH reiterar las medidas cautelares decretadas en julio de 2008 y ratificadas en agosto del 2009. El 1 de julio la CIDH envió una comunicación a los Estados Unidos en la que urge la suspensión de la ejecución hasta que se establezca un mecanismo que permita la revisión del caso.
El 14 de junio de 2011 el Senador Patrick Leahy, Presidente del Comité de Asuntos Judiciales del Senado de Estados Unidos, presentó una iniciativa de ley que busca dar cumplimiento a la Sentencia del Caso Avena, dando jurisdicción a cortes federales para revisar los casos de personas sentenciadas a pena de muerte a quienes no se les haya informado de su derecho a la notificación consular. La Secretaria de Estado, Hillary Clinton, y el Procurador General, Eric Holder, expresaron su apoyo a esta propuesta a través de una carta dirigida por ambos al Senado estadounidense.
El 16 de junio de 2011 la defensa del señor Leal promovió un recurso de amparo (habeas corpus) en la Corte Federal de Distrito en San Antonio. La petición fue desechada. El 27 de junio apeló ante la Corte de Federal de Apelaciones del Quinto Circuito. La petición también fue denegada.
El 28 de junio la defensa presentó un recurso de revisión (certiorari) y posposición de la ejecución ante la Suprema Corte de Estados Unidos, que deberá pronunciarse antes de la ejecución del señor Leal. El Gobierno de México presentó un escrito de "Amigo de la Corte" en apoyo a dichas solicitudes.
Paralelamente, el Embajador de México en Estados Unidos envió una carta a la Secretaria Clinton, reiterando la obligación de Estados Unidos de cumplir con el fallo del "Caso Avena" y solicitando su intervención ante las autoridades de Texas. Asimismo, realizó gestiones ante el Consultor Jurídico del Departamento de Estado.
El 1 de julio el Gobierno de Estados Unidos presentó un escrito de "Amigo de la Corte" en apoyo a la solicitud de suspensión de la ejecución asociada al recurso de revisión iniciado por la defensa. El Gobierno de México valora este nuevo intento de la Administración Obama por aplicar la sentencia de la CIJ.
Según tiene expedienteprivado, en sus archivos, los siguientes registros de los mexicanos que han sido sentenciados a la "pena capital": la muerte.
El 9 de enero de 2003 México presentó un litigio contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la situación de un grupo de ciudadanos mexicanos que enfrentaban la pena de muerte y a quienes no se les había respetado el derecho a la notificación consular al momento de su detención (el caso se denominó "Caso Avena y otros nacionales mexicanos"). La controversia de fondo no fue sobre la pena de muerte, sino sobre el derecho que tiene toda persona, con base a la Convención de Viena, a contar con el apoyo de su Estado de origen cuando enfrenta un proceso penal en el extranjero.
Mientras que todos los diarios nacionales e internacionales tocan el tema, pero El Universal, en una forma por demás clara y contundente hace referencia del caso omiso al que se le hace a México en sus constantes peticiones.
Los gobiernos de Brasil, Honduras, El Salvador y Suiza se sumaron a la petición de que se suspenda temporalmente la ejecución del mexicano Humberto García Leal, programada para el 7 de julio en Texas.
En un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer además que el gobierno de México continuará realizando todas las gestiones a su alcance para que se dé cumplimiento a la Sentencia del Caso Avena, dictada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ),que ordenó desde 2004 que 52 casos de mexicanos sentenciados a muerte sean revisados pues a todos se les negó el derecho de asistencia consular.
La dependencia aseguró que México seguirá insistiendo en el derecho a la notificación consular, "herramienta esencial para la defensa de los derechos e intereses de los mexicanos en el exterior".
Dio a conocer que en el caso concreto de Leal García -sentenciado a la pena capital por el asesinato de una adolescente perpetrado en 1994 en San Antonio, Texas-, la defensa del señor solicitó la intervención del gobernador de Texas, Rick Perry, para suspender temporalmente la ejecución y eventualmente solicitar una audiencia de clemencia de la Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado.
La Secretaria de Relaciones Exteriores y el Embajador de México en Estados Unidos remitieron cartas en apoyo a esta solicitud.
A esta petición se sumaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los gobiernos de Brasil, Honduras, El Salvador y Suiza, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y diversas organizaciones no gubernamentales "enviaron cartas en este mismo sentido".
Y...
El 31 de marzo de 2004 la Corte Internacional de Justicia falló a favor de México, reconociendo que las autoridades estadounidenses nunca informaron a 51 connacionales su derecho a notificar su detención al consulado mexicano correspondiente. En consecuencia, ordenó a Estados Unidos a proceder a la revisión y reconsideración de los casos por la vía judicial.
El 28 de febrero de 2005, mediante un memorando al Procurador General de Estados Unidos, el Presidente George W. Bush ordenó a las cortes estatales estadounidenses la aplicación de esta sentencia. No obstante, el 25 de marzo de 2008, en el caso "Medellín contra Texas", la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos determinó que ni el documento del Presidente Bush ni la sentencia de la CIJ eran de cumplimiento obligatorio sin la existencia de legislación federal para tal efecto.
A la luz de la determinación de la Suprema Corte de Justicia, el 5 de junio de 2008 México presentó a la CIJ una solicitud de interpretación sobre el sentido y alcance de la sentencia del "Caso Avena". Solicitó también medidas provisionales, que fueron concedidas, para evitar la ejecución de los mexicanos incluidos en el fallo en tanto no se desahogara la solicitud de interpretación. El 24 de julio de ese año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe recomendando la revisión y reconsideración de las sentencias a muerte y estableciendo medidas cautelares.
A pesar de las gestiones realizadas, uno de los nacionales mexicanos incluidos en la sentencia del "Caso Avena", José Ernesto Medellín Rojas, fue ejecutado en Texas el 5 de agosto de 2008. El Gobierno de México envió una nota de protesta al Departamento de Estado, al haberse violado el derecho internacional.
El 19 de enero de 2009 la CIJ resolvió que Estados Unidos violó la orden de medidas provisionales al no haber tomado todas las acciones necesarias para impedir la ejecución del señor Medellín y reiteró la obligación permanente de dar cumplimiento a la decisión del "Caso Avena".
El 7 de agosto de 2009 la CIDH reiteró la recomendación de revisar y reconsiderar las sentencias dictadas a Humberto Leal y Rubén Ramírez. Sostuvo las medidas cautelares.
A partir de la resolución de la CIJ y la recomendación de la CIDH, así como de la decisión en el caso "Medellín contra Texas", el Gobierno de México intensificó la interlocución con actores relevantes en este proceso, tanto en el Ejecutivo como en el Poder Legislativo estadounidenses, así como en el ámbito de la sociedad civil.
El 10 de junio la defensa del señor Leal solicitó a la CIDH reiterar las medidas cautelares decretadas en julio de 2008 y ratificadas en agosto del 2009. El 1 de julio la CIDH envió una comunicación a los Estados Unidos en la que urge la suspensión de la ejecución hasta que se establezca un mecanismo que permita la revisión del caso.
El 14 de junio de 2011 el Senador Patrick Leahy, Presidente del Comité de Asuntos Judiciales del Senado de Estados Unidos, presentó una iniciativa de ley que busca dar cumplimiento a la Sentencia del Caso Avena, dando jurisdicción a cortes federales para revisar los casos de personas sentenciadas a pena de muerte a quienes no se les haya informado de su derecho a la notificación consular. La Secretaria de Estado, Hillary Clinton, y el Procurador General, Eric Holder, expresaron su apoyo a esta propuesta a través de una carta dirigida por ambos al Senado estadounidense.
El 16 de junio de 2011 la defensa del señor Leal promovió un recurso de amparo (habeas corpus) en la Corte Federal de Distrito en San Antonio. La petición fue desechada. El 27 de junio apeló ante la Corte de Federal de Apelaciones del Quinto Circuito. La petición también fue denegada.
El 28 de junio la defensa presentó un recurso de revisión (certiorari) y posposición de la ejecución ante la Suprema Corte de Estados Unidos, que deberá pronunciarse antes de la ejecución del señor Leal. El Gobierno de México presentó un escrito de "Amigo de la Corte" en apoyo a dichas solicitudes.
Paralelamente, el Embajador de México en Estados Unidos envió una carta a la Secretaria Clinton, reiterando la obligación de Estados Unidos de cumplir con el fallo del "Caso Avena" y solicitando su intervención ante las autoridades de Texas. Asimismo, realizó gestiones ante el Consultor Jurídico del Departamento de Estado.
El 1 de julio el Gobierno de Estados Unidos presentó un escrito de "Amigo de la Corte" en apoyo a la solicitud de suspensión de la ejecución asociada al recurso de revisión iniciado por la defensa. El Gobierno de México valora este nuevo intento de la Administración Obama por aplicar la sentencia de la CIJ.
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