Rafael Michel.
Diversos medios de comunicación
a nivel nacional e internacional, le han dedicado mucho espacio a los problemas
de los jornaleros -campesinos- del estado de Baja california e inclusive han
recalcado que el problema no es nuevo.
Y es que: Desde el pasado 17 de
marzo, un movimiento de jornaleros agrícolas del sur del municipio de Ensenada,
Baja California, ha puesto en jaque a las trasnacionales agrícolas de la región
y –lo más insospechado– ha logrado ser escuchado por los tres niveles de
gobierno.
La jornada, uno de los medios
masivos de comunicación más influyentes de la República Mexicana lo a contado
asi:
Los jornaleros de la región, que
en los días pasados mantuvieron un bloqueo de más de 26 horas en la carretera
Transpeninsular, que se saldó
con decenas de detenciones, demandan un incremento en el salario; la
disminución de la jornada laboral a las horas de ley; ser afiliados al
Instituto Mexicano del Seguro Social; el goce de vacaciones y el respeto al
séptimo día de descanso; que las horas extra sean a voluntad y pagadas de
manera adicional, y que acabe y se investigue el acoso sexual que se da
comúnmente contra mujeres jornaleras, amén de un diálogo de negociación que
incluya a los jornaleros, los patrones y el gobierno estatal.
Es de destacar que el pliego
petitorio de los jornaleros de San Quintín equivale a demandar el respeto a los
derechos laborales de que supuestamente goza el conjunto de la población, si se
atienden los contenidos de la normatividad vigente en la materia, empezando por
la Ley Federal del Trabajo, y al discurso oficial. Tales peticiones resultan,
en esa coyuntura, doblemente significativas: en primer lugar, porque ponen en
perspectiva los niveles de ilegalidad que persisten en las condiciones
laborales de sectores enteros de la economía nacional, como las actividades
agrícolas y la minería; en segundo lugar, porque revelan que la demanda de esos
derechos es castigada, en el México contemporáneo, con la persecución policial.
La explotación de los
trabajadores del campo es una práctica recurrente y tolerada por las
autoridades en diversas regiones del país. El común denominador en estos
episodios de abuso y explotación es la abdicación del Estado de sus tareas y
responsabilidades básicas en materia de protección de los derechos de la
población en general, en la que los derechos incluidos en los documentos
legales –de por sí acotados por reformas de corte neoliberal– terminan por
volverse parte de una formalidad legal inexistente en la realidad.
Un elemento adicional a
considerar es la manifiesta doble moral de las autoridades de nuestro país, que
critican el trato deleznable que se les da a los connacionales que trabajan en
Estados Unidos –no pocos de los cuales se dedican a tareas agrícolas–, pero
nada han hecho para mejorar la circunstancia de las víctimas de la migración
económica interna, como son muchos de los jornaleros agrícolas que laboran en
el país. Un reclamo similar al que el gobierno formula a favor de los
jornaleros mexicanos que laboran en Estados Unidos debiera expresarse por la
precaria situación en que viven cientos de miles de mexicanos que se trasladan
en territorio nacional con la esperanza de tener acceso a mejores condiciones
de vida, y que, en cambio, acaban siendo víctimas de prácticas inadmisibles y,
en más de un sentido, criminales.
A la luz de los elementos
mencionados, la situación nacional constituye, en el momento actual, una
expresión de la persistencia y el avance de un modelo económico y social
depredador, impuesto con el apoyo de autoridades que no gobiernan para sus
ciudadanos, sino para un puñado de intereses económicos y financieros, y que
representa, en suma, una forma moderna de barbarie y un retroceso de la
civilización y de la convivencia.
es urgente que ya les den una
solución efectiva, los tres niveles de gobierno.
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