ESCALA DE VIOLENCIA, PREVIAS ELECCIONES

Los medios masivos de comunicación así lo señalan a nivel nacional:
La jornada electoral incluyó elecciones de gobernadores, alcaldes y diputados locales en Chiapas y Baja California, se desarrolló en términos generales sin incidentes de gravedad, excepto en Chihuahua, donde fue asesinado un hermano del candidato del PAN a presidente municipal de Batopilas.
El PRI triunfó en Aguascalientes, Veracruz, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas, Chihuahua, Hidalgo, Durango y Quintana Roo. Nueve de doce estados son para el Partido Revolucionario Institucional y tres para el PAn; ambos partidos hicieron alianzas.

No obstante que encuestas de salida dieron ganador al PRI en Sinaloa y Tlaxcala, los dirigentes nacionales del PRD y el PAN, Jesús Ortega y César Nava, afirmaron que en ambos estados triunfó la alianza que conforman además con el PT y Convergencia. El avance del cómputo corroboró la victoria aliancista en Sinaloa, no así en Tlaxcala.
Al crimen de Rodolfo Torre Cantú, candidato a la gubernatura del estado de Tamaulipas por el PRI, el Verde Ecologista y Nueva Alianza, lo precedió una escalada de violencia. El poder fáctico del narcotráfico demostró su fuerza de intimidación con el propósito de influir en los resultados electorales, de incidir desde las posiciones del poder político en la toma de decisiones que pueden afectar sus negocios en enclaves determinantes como Chihuahua, Sinaloa, Durango y Tamaulipas.
El asesinato de Rodolfo Torre Cantú se da en el contexto de un enfrentamiento entre el cártel del Golfo y su otrora brazo armado, Los Zetas. Un enfrentamiento que a lo largo de este año ha provocado 331 ejecuciones, además de haber propagado el terror en distintas ciudades de la entidad, como Reynosa y Matamoros. La disputa se ha recrudecido en la región de la llamada Frontera Chica y la zona Ribereña, el principal corredor para el trasiego de drogas.

Torre Cantú, de acuerdo a distintas encuestas virtual vencedor en las próximas elecciones, hombre de confianza del actual gobernador Eugenio Hernández, contaba con el apoyo evidente del ex gobernador Tomás Yarrington: a lo largo del mandato de Yarrington se especuló sobre el apoyo político con el cual el cártel del Golfo, entonces bajo la férula de Osiel Cárdenas, consolidó su poder.

Poco antes de estas elecciones del cuatro de julio, el 12 de junio pasado, la violencia del narcotráfico cobró 85 vidas: la cifra más alta de muertes en el sexenio. La mayoría de esos crímenes se perpetraron en Chihuahua (38) y en Tamaulipas (20). Este es el escenario de los comicios para elegir gobernador en los estados que pueden considerarse como determinantes en la geografía del narcotráfico en nuestro país.

Pero hay otra amenaza que se cierne sobre la incipiente democracia mexicana: la de la pobreza, que propicia viejas prácticas como el clientelismo basado en el uso de los recursos económicos de programas sociales como moneda de cambio por votos. En Oaxaca y Veracruz, el viejo estilo de hacer política, de utilizar los recursos públicos a favor de candidatos que pueden considerarse oficiales, fue denunciado ampliamente por la oposición al PRI, además de documentarse actos de “guerra sucia”.

Tanto en Tamaulipas como en Chihuahua se suscitaron episodios de violencia relacionada con las elecciones. José Mario Guajardo, aspirante a la alcaldía de Valle Hermoso, fue ejecutado el 13 de mayo. En el lugar de los hechos —donde también murieron Luis Mario Guajardo, hijo de la víctima del atentado y el trabajador de Proveedora Agrícola Guajardo, Fernando Arturo Treviño—, se encontraron 22 cartuchos. Las balas percutidas eran calibre nueve milímetros, usadas frecuentemente por sicarios. César Nava, líder nacional del PAN, fue tajante al considerar en conferencia de prensa: “Se trata de un crimen perpetrado por algún componente, integrantes del crimen organizado, o de alguno de los cárteles”. Justo un día antes del homicidio del candidato a la alcaldía de Valle Hermoso, Jesús Ortega, presidente del PRD, declaró que su partido no registraría candidatos a diputados locales, alcaldes y regidores en poblaciones como Ciudad Mier, Ciudad Nueva Guerrero y Camargo, en la llamada Frontera Chica tamaulipeca, como consecuencia de las amenazas recibidas por integrantes del crimen organizado.

Estas elecciones fueron, acaso como nunca antes, acotadas por la violencia. El 21 de mayo en la ciudad de Chihuahua fue asesinado Jorge Ortega Ortega, brigadista de la campaña de César Duarte, candidato a la gubernatura de Chihuahua postulado por el PRI. Una pick up gris cerró el paso al vehículo donde viajaban varios brigadistas con la encomienda de repartir propaganda en distintos barrios de la ciudad, allí Ortega fue ejecutado.

Distintos testimonios procedentes de la zona serrana del estado de Chihuahua refieren que para realizar actos de campaña los candidatos de los distintos partidos tuvieron que pedir permiso a hombres armados, vinculados con el crimen organizado, quienes se dice son la verdadera ley. Los municipios donde el poder fáctico del narcotráfico se constituyó como una amenaza para las elecciones en Chihuahua fueron, de acuerdo a sus índices de violencia, Ciudad Juárez, Valle de Juárez, Guadalupe, Villa ahumada, Ascensión, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Naniquipa, Madera y otros más ubicados en el norte y el noroeste del estado.

Hace unos días en Ciudad Juárez se llevó a cabo un debate entre los candidatos a la presidencia municipal; Héctor Murguía Lardizábal por el PRI y César Jáuregui Moreno por el PAN. Jáuregui acusó Murguía de mantener relaciones con el crimen organizado y de fomentar la corrupción de la policía al nombrar narcotraficantes como responsables de la seguridad pública. Basado en información periodística —notas publicadas en distintos medios—, Jáuregui señaló los vínculos que presuntamente Murguía mantiene con Baldomero Fuentes, de quien dicen los locales es un poderoso narcoempresario en la ciudad, y con el propio Vicente Carrillo Fuentes, jefe del cártel de Juárez. Murguía, quien de acuerdo a la encuesta realizada por la empresa Mitofsky está adelante en las preferencias ciudadanas, reviró: “Señor Jáuregui, usted está muy acostumbrado a abrir la boca de más. Lo que acaba de decir, lo último, lo va a tener que sostener legalmente”.

Más allá de especulaciones periodísticas, en enero del año 2008, meses después de concluida la primera gestión de Murguía como presidente municipal en Ciudad Juárez, Saulo Reyes, director operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, fue detenido en El Paso, Texas, por agentes encubiertos cuando trataba de vender media tonelada de marihuana. Para muchos juarenses este hecho resultó determinante en la violencia desatada con posterioridad en la ciudad: en voz baja se dice allí que Reyes controla las pandillas y el narcomenudeo en Juárez.


En Durango se habla de las relaciones del candidato de la alianza PAN-PRD-Convergencia, José Rosas Aispuro con El Chapo Guzmán, quien no hace mucho se casó con Emma Coronel Aispuro, originaria de la región de Las Quebradas, lo mismo que el político. Aiuspuro ha negado cualquier relación familiar con el poderoso narcotraficante.

Pero otros nexos familiares son más difíciles de borrar. De acuerdo a una investigación realizada por el CISEN, el candidato priista a la gubernatura de Culiacán, Jesús Vizcarra, es primo de José Inés Calderón Quintero, narcotraficante abatido en 1998 por la Policía Judicial Federal. A este personaje se le señala como determinante en la prosperidad de los negocios de Vizcarra, incluso a finales del año pasado fue publicada una fotografía en la prensa nacional donde se ve a Vizcarra y a Ismael El Mayo Zambada en una celebración religiosa en un rancho propiedad de Zambada.

Pero más allá de la compra de votos o de la injerencia por parte del crimen organizado mediante recursos financieros en las campañas, existe la posibilidad del surgimiento de verdaderos narcoestados, donde los gobernadores electos estén vinculados estrechamente con el narcotráfico y gobiernen bajo los intereses de su poderío. No se trata de política ficción. Allí está desde siempre el caso de Mario Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo recientemente extraditado para ser juzgado en Nueva York por narcotráfico.

Preet Bhara, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, la parte acusadora del proceso que se le sigue al ex gobernador en una corte federal de Manhattan, afirmó en un comunicado distribuido a la prensa el pasado 10 de mayo que Villanueva “Convirtió al estado de Quintana Roo en un virtual narcoestado, vendiendo su infraestructura y hasta su policía a una de las empresas mafiosas más peligrosas del mundo”.

Greg Sánchez, candidato por la alianza PRD-PT-Convergencia a la gubernatura de Quintana Roo, fue detenido el pasado 25 de mayo acusado de mantener nexos con los cárteles de los Beltrán Leyva y Los Zetas, de apoyarlos cuando fue presidente municipal en Cancún, en operaciones de tráfico de drogas y tráfico de indocumentados.

Para los demás, las amenazas y las intimidaciones se prodigan. En Hidalgo, Xóchitl Gálvez, candidata a la gubernatura de ese estado por la coalición PAN-PRD, el pasado 10 de junio denunció en conferencia de prensa la desaparición del militante panista Juan José Islas, ocurrida hasta donde se sabe cerca de la sede del PAN en la ciudad de Pachuca. Gálvez habló sobre cómo se ha intimidado a integrantes de su más cercano grupo de trabajo: “Hay amenazas para que dejen el equipo de campaña. Llaman en nombre de supuestos Zetas. Miembros del equipo han sido víctimas de agresiones violentas, por lo que estamos pasando de la inequidad en los medios, que persiste, a inculcar temor en los ciudadanos”, lo que puede provocar que éstos se alejen de las urnas este cuatro de julio.

En Culiacán, Sinaloa, en un lapso de seis días fueron atacadas con bombas molotov las sedes locales del PAN y el PRD, además de la casa de campaña de la alianza Para Ayudar a la Gente, conformada por los partidos PRI, Verde y Nueva Alianza.

Los ataques fueron perpetrados el 12 y el 18 de junio por la madrugada. Después de los primeros hechos las declaraciones no se hicieron esperar: Adolfo Beltrán Corrales, presidente del PAN en Culiacán, afirmó: “Esta agresión no puede venir de otra parte más que de la campaña del candidato a la gubernatura del PRI, Jesús Vizcarra, y de su coalición Para Ayudar a la gente”.

La amenaza del narcoterror esta presente en los comicios de este cuatro de julio. El pasado 20 de mayo en la sede del Congreso, el priista Rubén Moreira alertó en tribuna: “Es urgente y necesario que ante al peligro real al que se enfrentan los candidatos, ante un posible atentado por parte de la delincuencia organizada, el Estado Mexicano garantice su seguridad”.

Una pregunta: ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de estas elecciones como un adelanto de lo que puede ocurrir en 2012? ¿Sobre qué advierten el secuestro de Diego Fernández de Cevallos y del asesinato de Rodolfo Torre Cantú en Tamaulipas?
En Oaxaca y Veracruz las denuncias de clientelismo, de uso de recursos públicos para consumar lo que desde ahora la oposición señala como una elección de Estado, además de la llamada “guerra sucia”, han sido ingredientes reiterados en estrategias de campaña por parte de los candidatos del PRI y los gobernadores de esos estados. Quizá la más grave de las acusaciones, la que define el preocupante escenario de estas elecciones en Oaxaca, es la formulada por César Nava, presidente del PAN, el pasado 17 de junio: “Pedimos que la Policía Estatal esté en los cuarteles, que la Policía Federal, la estatal y las municipales acuerden cómo van a patrullar las calles. Lo que dice la experiencia es que la Policía Estatal es un brazo político de Ulises Ruiz, que quiere crear un clima de terror y abstencionismo”.

La “guerra sucia” y el clima de terror dominaron el proceso electoral en Oaxaca, donde se repartieron profusamente volantes con la leyenda “Oaxaca peligra”, con una fotografía al reverso de Gabino Cué, Flavio Sosa y Andrés Manuel López Obrador bajo el titular: “La verdadera alianza...”.

También abundaron las denuncias y videos sobre las Unidades Móviles para el Desarrollo, considerado el principal programa social del gobierno de Oaxaca, que trabajaron a favor de la promoción de Ulises Ruiz, además de proyectar un video preparado para la campaña electoral de Eviel Pérez, candidato del PRI, en las distintas comunidades del estado.

En estas elecciones de Oaxaca, además del gobernador, se eligen 152 presidentes municipales y 42 diputados locales. Gabino Cué, candidato por la alianza PAN-PRD-Convergencia, denunció a finales del pasado mes de mayo: “Lo que veo es una elección de Estado, donde Ulises Ruiz es el verdadero coordinador de la campaña de Eviel, Ulises Ruiz quiere reelegirse”.

La divulgación de grabaciones de llamadas telefónicas en las cuales Fidel Herrera, gobernador de Veracruz, afirma disponer del “recurso” para inclinar las elecciones favor del PRI y su candidato, Ignacio Duarte Ochoa, desató un nuevo escándalo político. Herrera denunció ante la PGR a César Nava, presidente del PAN, y a Miguel Ángel Yunes, su candidato a la gubernatura de Veracruz, por intervención ilícita de comunicaciones privadas. En conferencia de prensa posterior, Herrera afirmó que los audios presentados sufrieron “alteraciones técnicas” y agregó que hay “manipulación de voces, se ve que (quien habla) es un aficionado a mi voz”, dijo. Pese a ello el gobernador refirió: “Por eso procedí a presentar una denuncia, fundada con sustentos legales, para que se investigue la comisión del posible delito de espionaje telefónico y los que resulten”.

Pero el uso de recursos públicos destinados a programas sociales como eficaz arma política no fue de uso exclusivo de uno u otro partido: El PRD y el PRI han denunciado la participación de delegados de distintas secretarias federales como verdaderos operadores políticos actuando a favor del PAN en las entidades donde se realizan las elecciones. El vicecoordinador del PRD en el Senado dijo que era “clara la utilización de programas sociales como moneda de cambio” .