Perú
y el golpe de estado.
Grave situación es la que vive en estos días el pueblo peruano.
I
America Latina ¡tiene su historia!
Las
profundas transformaciones que ha vivido América Latina en los últimos 50 años,
resultan indisociables del proceso de militarización que sufrió el continente
entre las décadas de 1960 y 1970, y que tuvo como característica central la
desagregación progresiva del papel que desempeñaba el Estado como articulador
de la vida pública y promotor del desarrollo económico. La visión alternativa a la lectura que este escenario de violencia tuvo en
América Latina, incorporando como elementos determinantes la integración
regional de intensos procesos represivos y su articulación global con la Guerra
Fría.
Se
confirma que las derechas latinoamericanas han sustituido los sangrientos
cuartelazos y las dictaduras militares por campañas de difamación y de siembra
de odio y de pánico, por la subversión y la ingobernabilidad inducidas por el
llamado lawfare –es decir, el acoso desde estructuras judiciales entregadas a
la corrupción– y por las asonadas legislativas.
Resulta
fácil calificar lo ocurrido en Perú con los eventos de los últimos días. Fácil,
pero engañoso. La mirada ofrecida en este editorial del diario mexicano La
Jornada sirve para entender más a fondo el cataclismo institucional e
interpretarlo en su contexto latinoamericano.
Opositores
y algunos funcionarios del derrocado presidente peruano Pedro Castillo –entre
ellos, la hasta el miércoles vicepresidenta, Dina Boluarte– calificaron de
“golpe de Estado” la decisión del mandatario de disolver el Congreso, decretar
un gobierno de excepción, llamar a elecciones para una constituyente y
emprender la “reorganización” del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
En respuesta a tales determinaciones, el Legislativo destituyó a Castillo por
una abrumadora mayoría y la fiscal Patricia Benavides ordenó la detención del
hasta entonces mandatario, quien fue retenido en la Prefectura de Lima por la
Policía Nacional. De inmediato, un portavoz del Departamento de Estado declaró
en Washington que Estados Unidos considera a Castillo un “ex presidente”.
II
Sin
afán de justificar las medidas adoptadas por el antiguo maestro rural, es
importante considerar su contexto: en año y medio en el cargo, Castillo no pudo
llevar a cabo el mandato que recibió en las urnas en junio del año pasado –y
que incluía la convocatoria a un congreso constituyente y la desactivación del
Tribunal Constitucional– porque durante ese tiempo su gestión fue
sistemáticamente saboteada por la derecha, tanto en el ámbito legislativo como
en el judicial y en el mediático. La pertinencia de la reorganización
institucional que propugnó el presidente fue dramáticamente confirmada por 15
meses de una ingobernabilidad, que es ya rutinaria en Perú y que se traduce en
la inviabilidad del Poder Ejecutivo: de 2018 a la fecha, la nación andina ha
tenido seis presidentes, varios de ellos destituidos por el Legislativo, e
incluso procesados, por acusaciones –verídicas o falsas– de corrupción.
En
este contexto, es claro que la remodelación institucional del país y la
regeneración de una clase política del todo descompuesta eran y siguen siendo
tareas indispensables para dar a Perú un mínimo de estabilidad y certeza
política. En el caso de Castillo, la disfuncionalidad de las instituciones fue
aprovechada desde el primer día de su gobierno por una derecha corrupta,
racista y oligárquica que vivió como un agravio la llegada al Palacio de
Gobierno de un sindicalista indígena dispuesto a aplicar un programa de
justicia social, soberanía y recuperación de las potestades más básicas del
Estado en materia de economía.
Aun
antes de las elecciones de 2021, la derecha oligárquica emprendió una campaña
de linchamiento en contra de Castillo, para lo cual echó mano de sus medios y
de sus partidos y de todas las posiciones de poder que controla, y no dudó en
cerrar filas en torno a la candidatura de Keiko Fujimori, hija de uno de los
presidentes más corruptos y represores de la historia reciente.
El
caso de Perú tiene resonancias ineludibles con el acoso mediático y judicial
que se realiza en Argentina en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández,
con la persecución mediática, legislativa y judicial que depuso a Dilma
Rousseff en Brasil y llevó a la cárcel al ahora presidente electo Luiz Inácio
Lula da Silva, así como con la ilegal destitución de Fernando Lugo en Paraguay.
Más aún, la destitución y el arresto de Castillo evocan las maquinaciones
mediáticas y judiciales que antecedieron los golpes de Estado perpetrados en
contra de José Manuel Zelaya (Honduras, 2009) y de Evo Morales (Bolivia, 2019).
El denominador común de todos los mencionados es que son dirigentes
progresistas que han buscado revertir en alguna medida las atroces injusticias
sociales que padecen sus países y la vergonzosa sumisión a Washington que
practican las oligarquías nativas cuando se hacen del poder político.
III
Visto
desde esa perspectiva, lo ocurrido en Perú no es sino la culminación de una
suerte de golpe de Estado en cámara lenta que se había venido construyendo
desde el momento mismo en que Pedro Castillo se unció la banda presidencial; un
golpe de Estado que tenía como propósito acorralar al gobernante para hacer
imposible el ejercicio de su cargo e impedir que cumpliera el mandato popular
que recibió de la ciudadanía.
Durante
las décadas de 1960 y 1970 del siglo XX, América Latina vivió, de manera
sistemática y estratégica, un proceso de militarización, el cual utilizó como
acto político de expresión, como puesta en escena, la forma del golpe de
Estado. Si bien la literatura política acuñó este término para describir la
irrupción de gobiernos de facto asociados a un tipo específico de
autoritarismo, en el curso de este proceso el término golpe de Estado adquirió
la particularidad de expresar la captura del Estado por instituciones militares
a partir de un acto material y simbólico. Material, en la medida en que fueron
golpes que utilizaron infraestructura propia de una situación de guerra,
movilizando sofisticados recursos para la conquista efectiva de instituciones
organizadas exclusivamente desde el poder civil. Simbólico, debido a que dichas
instituciones no sólo representaban los puntos más significativos del campo político
(llámese casa de gobierno, ministerios, medios de comunicación, universidades),
sino que, además, sobre ellas se desplegó un conjunto de códigos altamente
jerarquizados destinados a inundar el ámbito público de un principio de
excepcionalidad, hasta entonces, propio de situaciones catastróficas o de
agresión externa.
La
toma violenta del Estado, en cuyo seno descansaba el poder político mismo, se
convirtió, desde la década de 1960 en una práctica recurrente de las
instituciones de defensa nacional, constituyéndose no sólo en actores
fundamentales del proceso de cambio que sufrió el continente, sino en garantes
del curso irreversible que este proceso adoptó en los años siguientes. Se trata
de un proceso de cambio que implicó diversos planos de la escena nacional, y
que podrían ser resumidos en la abolición de la idea tradicional de Estado y de
la centralidad de las instituciones públicas que le acompañaban en el ejercicio
de articulación de la vida política en sociedad.
IV
En
este contexto de militarización, los golpes de Estado constituyen un acto
fundacional de lo que podríamos llamar un nuevo escenario estatal a través del
cual comenzaría a expresarse una forma inédita de administración de la vida
política y de los asuntos públicos: una entelequia administrativa excepcional
que, con el tiempo, destruyó el horizonte de acción que el Estado nacional
latinoamericano había históricamente trazado.
En
este sentido, el Estado, cuya historia en América Latina es indisociable de una
violencia política que atraviesa con sistematicidad el siglo XX, vive a raíz de
este proceso de militarización una transformación paradigmática. No sólo se
dará fin a la estructura tradicional de Estado, a partir del cual los proyectos
modernizadores encontraban su realización programática (en el "Estado
nacional desarrollista" o en el "Estado nacional populista", por
ejemplo); sino que, a su vez, toma lugar la "extinción" de la idea
misma de Estado, de su protagonismo ideológico, digamos: de su condición de
aparato. El Estado pierde así su centralidad en las decisiones políticas y
económicas, relevando su lugar a la estructura supranacional del capitalismo
mundial.
Esta
pérdida ocurre de modo consustancial al agotamiento sistemático (y sintomático)
de la sociedad civil y de las prácticas públicas tradicionales, describiendo
con ello un estado de época que fue denominado en la década de 1990 como
neoliberalismo. Éste no sólo debe ser entendido aquí como un conjunto de
axiomas económicos, concibiendo lo económico como una esfera particular de la
cuestión nacional. Por el contrario, debe entenderse como un programa
continental de articulación de la fuerza social, que fue producto de un proceso
histórico de disciplinamiento riguroso de la sociedad civil y sus relaciones
políticas. De este modo, la instalación regional del neoliberalismo1 describe
un acontecimiento político más que económico, puesto que las llamadas políticas
económicas puestas en práctica a lo largo de este proceso de militarización
-privatización, desregulación, liberalización, descentralización, por nombrar
algunos lugares comunes- constituyen, en rigor, una economía política que tuvo
como principio el desmantelamiento del Estado nacional y su estructura
ideológica como promotor exclusivo del desarrollo económico. No obstante,
algunos de estos procesos —la descentralización o la modernización del Estado—
pudieron ser vistos con cierto optimismo político al inicio de las transiciones
a la democracia, lo cierto es que en términos efectivos, concretos, constituyen
parte esencial de la despolitización del Estado en América Latina. Más allá de
los eufemismos e ideologemas que nutren los discursos políticos contemporáneos
en torno a la necesidad de "profundizar" reformas estructurales del
Estado latinoamericano, habría que preguntarse con rigor si acaso estas
reformas no fueron el salvoconducto que requirió el capital internacional para
hacer más "competitiva" la Región respecto de los intereses
transnacionales.
